El Senado del estado de Nueva York aprobó un proyecto de ley el martes (17 de mayo) que limitaría el uso por parte de los fiscales de letras de canciones y otras formas de “expresión creativa” como evidencia en casos penales. El proyecto de ley del Senado S7527 no prohibiría a los fiscales presentar letras u otro material a un jurado, pero les exigiría que demuestren que el trabajo es “literal, en lugar de figurativo o ficticio”.
El proyecto de ley, que fue patrocinado por los senadores Jamaal Bailey y Brad Hoylman, recibió el apoyo público de Jay-Z, Meek Mill, Killer Mike, Fat Joe y Robin Thicke, entre otros. Antes de que el proyecto de ley pueda convertirse en ley, debe ser aprobado por la Asamblea del Estado de Nueva York; un proyecto de ley complementario patrocinado por la asambleísta Catalina Cruz está pendiente ante un comité y esperando una votación.
El proyecto de ley, aunque estuvo en proceso durante meses, se produce cuando los raperos de Atlanta Young Thug y Gunna enfrentan cargos RICO en Georgia, en un caso en el que sus letras y videos musicales constituyen la mayor parte de la evidencia estatal de conspiración criminal. En el caso de 2013 dawson v. Delawarela Corte Suprema dictaminó que es inconstitucional utilizar la expresión protegida como prueba, siempre que dicha expresión sea irrelevante para el caso.
El tribunal se negó a escuchar el caso de Jamal Knox, un rapero de Pittsburgh conocido como Mayhem Mal que fue condenado por cargos de amenazas terroristas e intimidación de testigos por la letra de una canción de 2012 llamada “Fuck the Police”. Killer Mike y Meek Mill expresaron su opinión en ese caso, presentando un informe amicus curiae proporcionando una “información básica sobre música rap y hip-hop” y desgloses intrincados de las letras.
En 2001, el rapero de No Limit, Mac Phipps, fue declarado culpable de homicidio involuntario después de que los fiscales citaran en gran medida sus letras en el juicio. Fue puesto en libertad el año pasado tras cumplir 21 años de una condena de 30 años; en 2015 cinco testigos del caso acusaron a los fiscales de intimidarlos, y en 2017 el fiscal principal del caso fue condenado a cuatro años de prisión por corrupción y fraude.
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